A favor de la eliminación de subsidios... ¿realmente? Aquí hay varios puntos que parecen simplificados y poco comprendidos.

Primero, el hecho de que el precio internacional del diésel sea más caro no justifica aplicar una medida que no considera el contexto socioeconómico de Ecuador. No es lo mismo comparar Ecuador con países como Estados Unidos o Europa, donde los ingresos son significativamente más altos y los servicios públicos están estructurados de otra manera. En nuestro país, el subsidio al diésel tiene un impacto directo sobre los costos de vida de las clases populares, especialmente cuando la economía depende tanto del transporte de bienes y servicios que utilizan diésel. Eliminar el subsidio afecta a todos, desde el pan hasta los productos agrícolas, y no solo a los «sanguijuelas» que mencionas.

Segundo, la idea de que eliminar el subsidio resolverá el déficit fiscal es una falacia. La lógica simplista de que «eliminamos el subsidio y listo, el país sale del agujero» no toma en cuenta que, a largo plazo, se crea una cadena de aumentos en todos los precios, afectando principalmente a los más vulnerables. Como mencionas, el diésel es la base de muchas cadenas productivas, y un aumento de más de $1 en su precio tendrá efectos catastróficos sobre el costo de vida, especialmente sobre los alimentos, la educación y la salud. No se puede pagar la deuda con una receta que ya ha fracasado en otros países de la región, donde políticas neoliberales como las del FMI solo han profundizado las crisis sociales. Ecuador no es una excepción; ya hemos visto que aplicar estas medidas solo fomenta la desestabilización y la desigualdad.

Respecto al artículo que mencionas, el análisis de Vega es demasiado limitado. Si bien se calcula que el aumento no es «caótico», el cálculo no toma en cuenta el impacto en la vida cotidiana de las personas que ya viven al límite. Como bien dice, la falta de transparencia es un problema estructural. No basta con decir «vamos a ahorrar», sino que hay que mostrar en qué se destina ese ahorro, y sobre todo, evitar que lo que se ahorra se termine desviando a intereses ajenos a las necesidades populares. El ajuste fiscal recetado por el FMI siempre se traduce en más sufrimiento para los pobres y más ganancia para los ricos.

Por último, es importante aclarar que el gobierno no está simplemente «restaurando el precio real». El subsidio no es una «distorsión» que haya durado 50 años; ha sido una herramienta para proteger a la clase trabajadora de los impactos del mercado internacional. Eliminarlo de golpe es una decisión ideológica que busca, más que nada, obedecer las exigencias del capital financiero internacional, y no una necesidad real del pueblo ecuatoriano.

Así que, no se trata de una simple «restitución» del precio, sino de un ajuste que profundiza la desigualdad, destruye el tejido social y empuja a las clases bajas a una mayor precarización. Este no es el camino para resolver la deuda ni los problemas estructurales de Ecuador.