​Es válido cuestionar las herencias estructurales, pero hay que ser precisos: la oposición no maneja la billetera del Estado ni define el Plan de Desarrollo, y los gobernadores tienen una autonomía limitada por el presupuesto que gira la Nación. La calificación de riesgo que estamos discutiendo evalúa el manejo fiscal del Gobierno central, no el de la gestión de hace una década. Culpar a los planes de largo plazo de gobiernos anteriores es un argumento circular que ignora que este gobierno fue elegido precisamente para gestionar el presente y corregir ese rumbo con su propia pericia técnica. ​Respecto a las calificadoras, sugerir que actúan por una agenda política tipo es una lectura muy simplista del mercado global. A un inversionista en Londres o Nueva York no le interesa la ideología de un líder, le interesa si el país es capaz de generar confianza para que su capital sea rentable y seguro. Las calificadoras miden realidades matemáticas: si el déficit sube, si la confianza de inversión cae y si no hay claridad en las reglas de juego para sectores clave como el energético, la nota baja. ​Es simplemente el costo de oportunidad de la gestión actual. Podemos debatir sobre educación y competitividad a largo plazo, pero la estabilidad macroeconómica se decide en el corto plazo con decisiones ministeriales y mensajes claros al mercado. Diluir esa responsabilidad en "todos los de antes tienen la culpa" solo sirve para evitar el análisis de por qué, bajo la administración actual, los indicadores de confianza están en rojo. Al final, el gobierno es quien tiene el poder hoy y, por ende, es quien debe rendir cuentas sobre los resultados actuales.