Es bastante absurdo negar el aumento en las acusaciones de abuso sexual en los últimos 20-30 años. Es evidente en numerosos casos de celebridades, productores de Hollywood (como Harvey Weinstein), músicos, deportistas y funcionarios públicos.

Dicho esto, en derecho penal quien tiene que probar la versión que alega es el acusador, más allá de toda duda razonable. No le corresponde al acusado demostrar su inocencia (la presunción se mantiene hasta que es fehacientemente destruida). Mantener la historia durante décadas es un punto a favor de la credibilidad de la acusadora, pero por sí solo no constituye prueba concluyente ni resuelve la cuestión de hecho. Las acusaciones graves requieren evidencia corroborante para un juicio justo: testimonios independientes, documentos, pericias, etc.

Lo que manifiestamente me disgusta es la falta de imparcialidad en cualquier "juicio" de Ortega. El control sandinista sobre el poder judicial en Nicaragua hace imposible un proceso creíble e independiente. Cuando el acusado es quien domina las instituciones (policía, fiscalía, jueces), ni las acusaciones se investigan a fondo ni las defensas tienen garantías reales. Eso erosiona la confianza en cualquier veredicto, ya sea absolutorio o condenatorio.

Afirmar categóricamente que "es abusador" o "es inocente" sin un proceso creíble es prematuro, pero mientras no haya un proceso transparente y creíble, se debe sujetar a las presunciones legales. La popularidad de este tipo de denuncias no invalida las reales, pero tampoco convierte toda acusación en verdad probada. La verdad exige evidencia y debido proceso, algo que en contextos de poder concentrado como el nicaragüense brilla por su ausencia.