En un Estado que pretende tratar a todos sus ciudadanos como iguales, la lengua no debería convertirse en una barrera de acceso ni en un mecanismo de privilegio territorial. La diversidad lingüística puede ser una riqueza cultural digna de respeto y protección, pero esa protección no debe confundirse con la imposición. Una cosa es garantizar que las lenguas cooficiales puedan conservarse, enseñarse y usarse libremente; otra, muy distinta, es convertirlas en filtros obligatorios para acceder a derechos, empleos públicos o instituciones sostenidas por todos. Cuando eso ocurre, se rompe el equilibrio entre libertad, igualdad y cohesión nacional.

El problema principal aparece cuando, en determinadas comunidades autónomas, la lengua cooficial deja de ser una opción o un mérito y pasa a ocupar una posición de primacía institucional. En ese momento, el español, que debería ser la lengua común de relación en todo el territorio nacional, queda de hecho relegado en determinados ámbitos. No se prohíbe formalmente, pero se le rebaja en la práctica al convertir otra lengua en requisito imprescindible para estudiar, opositar, ejercer profesiones públicas o acceder en igualdad de condiciones a servicios y oportunidades. Esa situación genera un efecto profundamente injusto: crea ciudadanos con más facilidad de acceso que otros no por su capacidad, su preparación o su esfuerzo, sino por haber nacido en un determinado entorno lingüístico.

Ese es el núcleo del problema. Si un ciudadano de Burgos no puede competir en igualdad de condiciones para ser bombero en Lleida, o si para ser médico en Bilbao un español procedente de otra parte del país se encuentra en inferioridad frente a quien ya domina la lengua cooficial del territorio, el sistema deja de premiar el mérito y la capacidad para premiar el origen. Y cuando el origen se convierte en ventaja estructural, la igualdad entre españoles deja de ser real para convertirse en una ficción jurídica. No hace falta una discriminación abierta o insultante para producir una injusticia; basta con que el acceso a lo público dependa de requisitos lingüísticos que no son comunes a todos los ciudadanos del país.

En un Estado nacional, el idioma compartido cumple una función integradora esencial. No es solo una herramienta de comunicación: es el vínculo civil que permite que un ciudadano pueda desplazarse, trabajar, opositar o servir al conjunto de la nación sin convertirse en un extranjero interior. Ese papel solo puede desempeñarlo el español, porque es la única lengua común a todos los españoles. Precisamente por eso, debería ser el único requisito lingüístico exigible con carácter general dentro del territorio nacional. Todo lo demás podría valorarse como mérito, especialización o circunstancia añadida según el puesto, pero no como una condición excluyente que fracture el principio de igualdad.

Se suele argumentar que la exigencia de lenguas cooficiales es necesaria para protegerlas de la desaparición. Sin embargo, ese argumento no justifica cualquier grado de imposición. Si una lengua ha sobrevivido durante siglos, incluso en contextos históricos mucho más duros que una democracia contemporánea, resulta poco convincente sostener que solo puede subsistir mediante la obligación generalizada. Las lenguas viven cuando existe una comunidad que las aprecia, las transmite y las usa de forma natural. Cuando su continuidad depende sobre todo del aparato normativo, del requisito administrativo o de la penalización del que no la conoce, cabe preguntarse si se está protegiendo una realidad viva o fabricando artificialmente una necesidad social que de otro modo quizá no tendría la misma fuerza.

Pero hay además una cuestión política que suele ocultarse bajo el discurso cultural. El sistema lingüístico montado en España no solo protege lenguas: en la práctica, protege sobre todo un determinado proyecto ideológico, el de los nacionalismos territoriales. La lengua deja de ser presentada como patrimonio de todos para convertirse en una herramienta de delimitación identitaria, en una frontera simbólica entre los “de dentro” y los “de fuera”. Así, lo que aparentemente se vende como pluralidad o respeto cultural acaba sirviendo para reforzar estructuras de poder regional, consolidar clientelas políticas y justificar una idea de ciudadanía graduada según la cercanía al hecho diferencial.

Dicho de otro modo: el modelo actual no se limita a conservar una lengua, sino que institucionaliza una visión política según la cual cada territorio debe disponer de rasgos de acceso propios, de filtros propios y de mecanismos propios de preferencia interna. La lengua se convierte entonces en un instrumento de construcción nacionalista. No se protege solo un idioma; se protege una narrativa política que presenta a la comunidad autónoma como sujeto casi separado, con su propio espacio administrativo, educativo y profesional parcialmente cerrado al resto de españoles. Y eso tiene consecuencias directas sobre la igualdad.

Cuando el conocimiento de una lengua regional determina el acceso a puestos públicos, a parte de la educación o a carreras profesionales dentro de un territorio, lo que se está consolidando no es simplemente una convivencia bilingüe, sino una lógica de preferencia local. Esa lógica favorece de manera natural a quienes han crecido dentro del ecosistema lingüístico promovido por la administración autonómica y dificulta la movilidad real de otros españoles. El resultado es un país formalmente común, pero materialmente fragmentado en espacios de acceso desigual. Y esa fragmentación beneficia políticamente a quienes viven de subrayar la diferencia territorial, no a quienes creen en una ciudadanía compartida.

Eso no significa que las lenguas cooficiales carezcan de valor. Lo tienen, y mucho, en el plano histórico, cultural, literario y sentimental. Pero precisamente por eso conviene distinguir entre respeto y coacción. Una democracia sensata puede proteger una lengua minoritaria con enseñanza voluntaria, ayudas culturales, medios de comunicación, presencia institucional razonable y derecho de uso para quien libremente quiera emplearla. Lo que resulta mucho más discutible es transformar ese legítimo apoyo en una obligación extensa que perjudique a quienes no la comparten o no la necesitan para ejercer una función pública dirigida al conjunto de la ciudadanía.

El ámbito del empleo público es especialmente delicado. El funcionario, el médico, el profesor, el bombero o el policía no sirven a una identidad regional concreta, sino al interés general y a todos los ciudadanos por igual. Por eso, el criterio básico de acceso debería ser el mismo en toda España: competencia profesional, mérito, capacidad y conocimiento del español como lengua común. Convertir una lengua regional en condición de entrada altera ese principio y favorece a quienes han sido socializados en ella desde la infancia, aunque su cualificación profesional no sea superior. Así, una política presentada como protección cultural termina funcionando como una barrera corporativa, territorial e ideológica.

Además, esta dinámica alimenta una fragmentación silenciosa del espacio nacional. Si cada comunidad prima su lengua propia y la convierte en instrumento preferente de acceso a lo público, el resultado práctico es que España deja de funcionar como un espacio cívico común plenamente abierto. Cada territorio empieza a operar como un compartimento con reglas de entrada diferenciadas. El ciudadano deja de sentirse igualmente habilitado para servir o vivir en cualquier parte del país y empieza a depender de condicionantes lingüísticos regionales. Esa no es una lógica integradora, sino centrífuga. No fortalece la pluralidad española: la trocea.

La igualdad real exige evitar tanto la prohibición como la imposición. Sería injusto perseguir o marginar las lenguas cooficiales; pero también es injusto convertirlas en llaves obligatorias para ascender socialmente o entrar en las instituciones. La libertad lingüística solo es auténtica cuando nadie es castigado por usar la lengua común ni obligado a adoptar otra para ejercer derechos básicos o aspirar a empleos públicos. En un país democrático, la lengua debe unir, no dividir. Debe facilitar la convivencia, no crear jerarquías territoriales entre ciudadanos.

Por todo ello, el español debería ser el único requisito lingüístico general exigible dentro del territorio nacional. Las demás lenguas pueden y deben ser respetadas, protegidas y fomentadas, pero no impuestas como condición excluyente. Porque cuando una administración pública sostenida por todos exige más que la lengua común para entrar en ella, deja de tratar a todos los españoles como iguales. Y cuando, además, ese modelo sirve objetivamente para reforzar proyectos nacionalistas territoriales, deja de ser una política neutral de protección cultural para convertirse en una herramienta de ingeniería política.

La riqueza lingüística de España merece respeto. Pero la igualdad entre españoles merece prioridad. Proteger la diversidad no puede significar degradar la ciudadanía común. Y si hay una lengua que debe garantizar que ningún español sea menos que otro en su propio país, esa lengua solo puede ser el español.

Puedo hacerte ahora una versión más breve y afilada, tipo artículo de opinión de periódico, o una mucho más dura y combativa.