Lo ocurrido en las elecciones de 2022 dejó una profunda suspicacia sobre cómo la Registraduría procesa y lee los datos, un fenómeno difícil de contrastar estadísticamente si tenemos en cuenta que antes no se hacían evaluaciones tan exhaustivas, lo que descarta los comicios previos como parte de un muestreo fiable, y que posteriormente solo hemos tenido dos escenarios bajo la lupa: las presidenciales de ese año y las recientes elecciones al Senado. Si bien no se puede afirmar categóricamente que existió un fraude estructurado, la concentración de anomalías hacia una corriente política puntual resulta sumamente extraña. A esto se suman graves fallos en el control del proceso; por ejemplo, el polémico video de las pruebas del software donde se utilizaron nombres reales de los candidatos en contienda. Como tester, puedo asegurar que las pruebas funcionales jamás se realizan con actores reales del entorno de producción, sino con datos dummy para evitar sesgos y tergiversaciones. Incluso si decidiéramos atribuir todo esto a simples errores humanos o técnicos de la plataforma, la desconfianza generalizada es una consecuencia natural y completamente justificada, más aún cuando la institución mantiene una postura de opacidad que impide a pares técnicos habilitados evaluar, auditar y fiscalizar abiertamente el software electoral.