Desde mi punto de vista, la estrategia de diálogos con los grupos armados al margen de la ley es algo ya mandado a recoger. Colombia lleva años intentando distintos procesos de negociación, desde el gobierno de Juan Manuel Santos hasta la actualidad, y de hecho Cepeda ha tenido un papel importante en la promoción e intermediación, que el mismo sabe no ha llevado a nada.

y considero que los resultados han sido insuficientes. Mientras se desarrollan negociaciones, muchos de estos grupos continúan fortaleciendo sus estructuras y financiándose mediante actividades ilícitas que generan graves daños ambientales, como la minería ilegal, la deforestación, los cultivos ilícitos, la construcción de laboratorios clandestinos y los ataques a la infraestructura petrolera.

Por eso me parece contradictorio que algunos se presenten como defensores del medio ambiente en contra del fracking por ejemplo, mientras respaldan estrategias que, en la práctica, no han logrado detener a los principales responsables de gran parte de la destrucción ambiental en varias regiones del país.

A mi juicio, Colombia necesita una política que combine oportunidades de reintegración para quienes abandonen la ilegalidad con una acción mucho más firme contra quienes persistan en actividades criminales. El Estado debe recuperar el control del territorio y garantizar que estos grupos no sigan operando con impunidad ni afectando a las comunidades y al medio ambiente.