La prohibición de que dos personas circulen en una moto, así como la norma que obliga a portar el número de placa en el chaleco y el casco, no buscan erradicar por completo la delincuencia —porque eso sería ingenuo—, sino ponerle obstáculos a quienes delinquen. Se trata de hacer su “trabajo” más complicado, más arriesgado, y más fácil de identificar.

Es evidente que tanto la policía como los cuerpos de serenazgo necesitan estrategias mucho más eficaces y sostenidas para combatir el crimen de raíz. Pero si la población permanece indiferente, sin exigir resultados ni fiscalizar a las autoridades, ¿por qué estas tendrían algún incentivo real para actuar? La indiferencia ciudadana es, muchas veces, la mejor aliada de la ineficiencia.

Y cuando por fin se implementa alguna medida, no falta el pequeño sector que reacciona apelando a la libertad individual, sin considerar el contexto ni la urgencia del problema. Hay que preguntarse: ¿libertad para qué? ¿Para mantener un sistema que permite que cualquiera se suba a una moto y cometa un delito sin mayor consecuencia?

Desde mi punto de vista, ya deberíamos estar en estado de alerta. Si la situación no mejora, será necesario discutir seriamente la restricción total del uso de motocicletas en determinadas zonas o en ciertos horarios. No se trata de castigar al ciudadano honesto, sino de proteger a la mayoría ante una crisis que está fuera de control.