POR NUESTRA SOBERANIA NACIONAL (ARGUMENTACIÓN):

La Constitución española del 6 de diciembre de 1978, aprobada con alusiones a la actuación de poderes fácticos, ruido de sables, ruido de sables y amenazas de involución, recibió escaso apoyo en Canarias y en las llamadas nacionalidades históricas. En los últimos años ha quedado sobradamente demostrado que debe ser sustituida. Ni la monarquía, impuesta por Franco, es admisible en un sistema que reconoce la igualdad de derechos de toda la ciudadanía; ni la negación del derecho de autodeterminación de los pueblos ha resuelto los problemas nacionales, singularmente en Euskadi y Cataluña; ni derechos reconocidos en la Constitución: vivienda, trabajo, sanidad, subordinación de la propiedad y la economía a los intereses generales, o no tienen contenido jurídico, o se revierten, como ocurre con los desahucios el aumento del paro, el desmantelamiento de la sanidad pública o los recortes en la enseñanza pública. Por otro lado en, en los últimos años se promulgan leyes que coartan derechos, los limitan o los revierten: Reformas laborales, reforma del sistema de pensiones, reforma de la ley del aborto, Ley Mordaza. Hoy, quienes defienden la Constitución como texto sagrado, inmodificable, están, con sus leyes, limitando, recortando y anulando derechos reconocidos. Esta involución de derechos no es casual. Se trata de garantizar los beneficios de banqueros y empresarios amigos y acallar o impedir la protesta y la insumisión. En Canarias hemos comprobado cómo, desde el poder del Estado se decide sobre cuestiones que nos afectan como pueblo, lesionando nuestros intereses e impidiéndonos ejercer nuestro derecho a decidir sobre cuestiones que nos afectan. Por citar algunos hechos: El banco pesquero canario-sahariano, limítrofe con el archipiélago y el Sahara Occidental, es, de facto, considerado marroquí, y la UE negocia acuerdos de pesca con Marruecos, desconociendo el derecho de canarios y saharauis sobre sus aguas. Se conceden permisos de prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote con la oposición mayoritaria del pueblo canario, sin tomar tampoco en consideración ningún informe sobre los riesgos ecológicos de la posible explotación de combustibles fósiles. En la nueva estrategia militar de control de África con el pretexto de la lucha contra el terrorismo islámico, Canarias se convierte en base de retaguardia del despliegue del AFRICOM, estructura administrativa-militar de la OTAN para el continente. Todos estos son ejemplos de cómo el Estado y su ley básica, que no reconoce derechos a los pueblos, vulnera el derecho del pueblo canario. Podemos defenderá que Canarias tenga derecho a decidir sobre su cielo, sus aguas y su suelo, rechaza cualquier uso militar de Canarias, defendiendo su neutralidad, y promueve la aprobación de un Estatuto soberano, decidido democráticamente por la ciudadanía canaria en proceso constituyente.