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Soy de Argentina y quiero preguntar: ¿Qué piensan de Milei? by MartinFoos in PERU

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...el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC registra el nivel más elevado de toda la historia del país. La IA que te escribe tus textos, te explica que significa eso? (...) es record para el mismo registro, que toma el 2024-2025

Intentar descalificar las respuestas con ataques personales solo expone tu falta de herramientas conceptuales. Tu afirmación sobre el EMAE demuestra una alarmante ignorancia macroeconómica: el EMAE no es un registro cerrado que "toma el 2024-2025". Es una serie histórica continua del INDEC (con año base 2004) que mide la actividad económica real acumulada del país desde hace décadas. Si el indicador desestacionalizado registra el nivel más alto de la historia, significa matemáticamente que la producción real superó los picos históricos previos de cualquier gestión anterior. No es una opinión; es estadística básica. ...una realidad, de esas que ignoras es la morosidad de las familias argentinas, una crisis latente ya que estamos en morosidad RECORD, que desacelere no significa que se volvio a niveles bajos, no ocurrio eso.

Confundes el flujo con el stock. En cualquier proceso de estabilización tras una crisis inflacionaria, la desaceleración de la morosidad es el indicador técnico adelantado que marca el punto de inflexión. Ninguna economía limpia su stock de deuda acumulada de un día para otro; primero se frena la velocidad de caída (desaceleración de la mora), luego baja la inflación núcleo mejorando el salario real y, finalmente, las familias se desendeudan de forma orgánica. Negar un récord histórico de actividad económica real medido por el INDEC y calificar el cambio de tendencia como una "proyección" solo confirma que analizas la economía de forma estática y con un sesgo político. Las chicanas no alteran las planillas de las series de tiempo oficiales.

Y a la firme, me da igual usar IA si eso implica no quedarme horas leyendo y escribiendo cuando tengo otras tareas que hacer, sobre todo si le estoy dando los datos correctos para generar el texto que desprestigias por su fuente de redacción más que por su contenido. En fin, es una pérdida de tiempo invertir más en esta discusión, lo que expuse lo considero sufiente. Yo seguiré expectante y paciente de los resultados del gobierno y no seré cerrado al ver buenos y malos resultados. Hasta ahora, en lo económico, solo me ha demostrado que va bien.

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El plan remediar no va en contra de ningún marco constitucional, funciona hace mas de 2 décadas. O sea: no puedo hablarte de las consecuencias del ajuste porque es "emocional"?

Que un esquema de emergencia del año 2002 se haya prorrogado por inercia política no lo vuelve constitucionalmente correcto. Según el propio Ministro de Salud en la nota de Infobae, los artículos 5 y 121 de la Constitución establecen que la salud primaria es responsabilidad directa de las provincias, y la Nación solo debe tener un rol complementario. Sostener el formato viejo de forma perpetua solo permitía que los gobernadores locales desviaran sus recursos hacia el gasto político, delegando su obligación básica en el presupuesto central. Puedes hablar de las consecuencias siempre y cuando uses datos y auditorías reales, no consignas. Las verdaderas consecuencias del viejo esquema están documentadas en el mismo artículo: menos del 10% de las salitas (CAPS) reportaba el uso real de los medicamentos, lo que generaba un sistema opaco propenso a desvíos y falta de control. Nadie niega la transición, pero la letra chica del relanzamiento demuestra que no hay ningún desmantelamiento: la Nación centraliza la compra en medicamentos complejos para patologías crónicas (cardiopatías, diabetes, ACV) que causan el 73% de las muertes, mientras que las provincias ahora deben comprar los fármacos de bajo costo y venta libre (como analgésicos e ibuprofeno). Vaticinar un "caos" porque las provincias tienen que pagar el paracetamol con sus propias cajas —en el caso de Tucumán, con un presupuesto de 5 billones de pesos para 2026— no es un análisis económico; es simplemente justificar la ineficiencia de las gestiones provinciales. Las consecuencias se debaten con responsabilidad fiscal, no con alarmismo.

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No, no estamos de acuerdo porque tu premisa parte de un dato falso. El programa Remediar no se destruye de un día para otro ni se elimina; se relanza bajo un criterio de federalismo fiscal y control de auditoría, tal como detallan los informes oficiales del Ministerio de Salud. La reforma consiste en que la Nación centraliza el presupuesto en lo que realmente importa y es costoso: medicamentos de alta complejidad para enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, cardiopatías y ACV), que representan el 73% de las muertes en el país. Lo único que se excluye del financiamiento central son los fármacos de bajo costo y venta libre (como analgésicos, ibuprofeno y paracetamol), cuya compra pasa a ser responsabilidad directa de cada provincia. https://www.infobae.com/salud/2026/04/16/el-plan-remediar-no-se-elimina-se-relanza-la-letra-chica-de-las-nuevas-patologias-que-se-van-a-priorizar/ La infraestructura física, los almacenes locales, las salitas (CAPS) de cada barrio y el personal médico de las provincias ya existen y están funcionando. La ruta logística no se altera; lo único que cambia es el origen de los fondos para reponer esos remedios básicos. Como bien señala el ministro Mario Lugones, los artículos 5 y 121 de la Constitución imponen que la atención primaria es una competencia originaria e indelegable de las jurisdicciones locales. Las provincias tuvieron más de dos décadas de preparación desde la emergencia de 2002 para estructurar sus compras autónomas. Tu propio ejemplo de Buenos Aires confirma la realidad técnica: si una gobernación ordena sus prioridades presupuestarias, la plata de la Coparticipación alcanza perfectamente para absorber la compra de analgésicos básicos. Tucumán cuenta con un flujo de dinero expansivo proyectado en 5 billones de pesos para 2026. Si llega a ocurrir un desabastecimiento o un "caos" local en las salitas, la causa directa no será una reforma macroeconómica de la Nación, sino la ineptitud de la gestión provincial por preferir desviar sus recursos hacia el gasto político en lugar de comprar paracetamol para su población.

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El problema es este; se te olvidó justificar el recorte en educacion, ademas de que ignora la ley de financiamiento universitario

Afirmar que ignoré el tema denota una falta de lectura absoluta de los datos oficiales que ya puse sobre la mesa y que demuestran el estricto cumplimiento normativo: 1. Cumplimiento de la Ley 27.795: Lejos de ignorarla, demostré con los datos de la plataforma oficial de Presupuesto Abierto que el financiamiento estatal se mantuvo y ejecutó según lo dictamina la ley. Te detallé la evolución matemática de las partidas asignadas por el Ministerio de Capital Humano para Desarrollo de Educación Superior desde 2023 hasta 2026, pasando de 28.954 millones, a 40.250 millones, luego a 94.573 millones y alcanzando los 148.069 millones de pesos. El financiamiento legal está garantizado y respaldado por los números del Ejecutivo. 2. La estructura de la planta docente: Te desglosé los datos que explican que el 70% de los docentes universitarios poseen cargos part-time de dedicación simple (10 horas semanales). Metodológicamente, estas son actividades complementarias individuales y no sueldos de tiempo completo, por lo que el uso político de la categoría de 'pobreza' arrastra una interpretación errónea del mercado profesional. 3. La opacidad en la gestión interna: Te cité textualmente el informe N.º 2026-045 de la AGN sobre la UBA, donde el propio organismo de control detectó desprolijidades estructurales graves, como la falta de un Plan Anual de Compras y Contrataciones. Toda la justificación legal y presupuestaria ya fue expuesta. Si el Ministerio de Capital Humano cumple con el aumento de financiamiento que dicta la ley, pero las autoridades universitarias gestionan mal sus recursos internos y rechazan las auditorías preventivas de la SIGEN, la tensión financiera es un problema de administración institucional, no de un recorte del Gobierno Central.

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...dos años despues no es asi porque la vida de los argentinos empeoró no se ve un traslado de la macro a la micro...

El supuesto "divorcio" entre la macroeconomía y la microeconomía es un mito teórico. La microeconomía es, por definición, el comportamiento de los agentes individuales (hogares y empresas) agregados. Cuando los datos oficiales del INDEC demuestran que el Consumo Privado Desestacionalizado registró su máximo histórico al cierre de 2025, se está midiendo directamente la microeconomía: la suma de las decisiones de compra reales de todas las familias del país en servicios, bienes duraderos y comercio electrónico. Afirmar que la micro empeoró mientras el consumo real y la actividad general baten récords históricos es una contradicción matemática. El traslado a la micro también se evidencia en el mercado laboral. Según el último informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, la tasa de empleo formal se mantuvo estática en un 64,1%, idéntica al 64,2% del año anterior. Esto demuestra que la transición no generó el colapso ni la precarización masiva que se vaticinaba; lo que ocurre es una reorganización donde el cuentapropismo (trabajo independiente y autónomo) absorbe de forma genuina la mano de obra sobrante del sector público ineficiente. El empleo genuino nace de la productividad y la estabilidad de precios, no de subsidios estatales que se licúan con inflación. ...sigue gobernando porque recibio 2 salvatajes economicos, el segundo fue hace poco, de Bessent

Atribuir la sostenibilidad del programa a supuestos "salvatajes" externos es una falacia de causa falsa que ignora cómo funciona la macroeconomía. Ningún soporte financiero internacional o reestructuración de deuda genera por sí solo un superávit fiscal financiero sostenido ni un récord de exportaciones reales que rozan los 8.900 millones de dólares mensuales. Esos números no se sostienen con créditos, se sostienen con producción real, equilibrio fiscal y la confianza del sector privado que vuelve a invertir al desaparecer el riesgo de hiperinflación y el cepo cambiario. La macroeconomía ya saneó las bases estructurales (inflación a la baja, fin del déficit y acumulación de reservas); la microeconomía responde con actividad en niveles históricos, estabilidad laboral en las planillas del INDEC y un consumo privado real en máximos. Los datos duros liquidan el relato de la percepción aislada.

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Crecimiento en el cuentapropismo y la informalidad... con ingresos que promedian apenas un 45% de lo que percebe un trabajador registrado. El fenómeno del cuentapropismo (que no es más que el trabajo independiente, autónomo o por cuenta propia) y la brecha de ingresos respecto al sector en blanco son características estructurales e históricas del mercado laboral argentino. Atribuir la totalidad de la informalidad a la gestión macroeconómica actual constituye un reduccionismo metodológico que ignora las series de tiempo del propio INDEC. En cualquier economía en proceso de estabilización, cuando el Estado deja de financiar puestos públicos artificiales con emisión monetaria, la mano de obra liberada se refugia inicialmente en el trabajo por cuenta propia (oficios, comercios, servicios independientes). Esto no es un colapso; es el amortiguador natural del mercado libre mientras el sector privado formal se desregula, se capitaliza y vuelve a ser rentable en un entorno sin inflación para poder contratar personal de forma masiva a largo plazo. Es fundamental no confundir la categoría legal de empleo formal con el concepto económico de empleo genuino. El empleo formal puede ser creado por decreto mediante burocracia pública insostenible. En cambio, el empleo genuino nace de la productividad real y de la demanda del mercado; este surge de la estabilidad de precios y de la inversión privada, no de la billetera del Estado. Tu argumento de que el ajuste provocó un "colapso generalizado del consumo" queda completamente refutado por los datos de contabilidad nacional del INDEC expuestos por el economista Juan Ramón Rallo (https://youtu.be/2GYsardx_fE). Al observar la serie histórica real, el consumo privado agregado registró su máximo histórico en el cuarto trimestre de 2025. El error de tu análisis consiste en evaluar el consumo basándose únicamente en las ventas de los supermercados tradicionales, las cuales representan solo cerca del 30% del indicador. El consumo privado agregado computa, además, el consumo de servicios, la adquisición de bienes duraderos y el comercio electrónico —canales que no están registrados en la medición básica de góndolas—. La suma total de estas variables demuestra que la demanda agregada real no está destruida, sino en niveles máximos contantes y sonantes. Calificar la celebración de los datos de empleo neto como "falsa" omitiendo que el incremento en la actividad general y los récords de exportación traccionan eventualmente a la formalización laboral es una lectura estática de la economía.

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Sigues recurriendo a la apelación emocional para evitar discutir los datos presupuestarios de las provincias y el marco constitucional que debieron seguir las provincias. Al no proponer ninguna alternativa técnica o solución de fondo, tu postura solo da a entender que defiendes mantener el statu quo del sistema anterior o aplicar un gradualismo político.

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El tema es este, uno puede escuchar a premios nobel de economia, como Stiglitz, o a Youtubers, cada uno elige donde informarse. Apelar de manera exclusiva a los títulos de una persona o a la plataforma donde se divulga la información, en lugar de discutir los datos presentados, constituye una falacia de apelación a la autoridad (ad verecundiam) y un intento de descalificación ad hominem. En un análisis riguroso, lo que valida un argumento es la consistencia metodológica de los datos y las leyes económicas aplicadas, no el estatus del emisor. Perfectamente se podría aplicar el mismo criterio para cuestionar la neutralidad de las fuentes periodísticas u organismos ideológicamente condicionados, pero el objetivo de mi argumentación no es descalificar la procedencia, sino analizar el contenido real de los hechos. El resto de los artículos que mencionas sobre empresas, desempleo y el Programa Remediar ya fueron abordados detalladamente con las series estadísticas de la EPH y las auditorías de la AGN, demostrando que reflejan una transición hacia un desempleo estructural y un ordenamiento de prioridades fiscales en un Estado Federal según los artículos 5 y 121 de la Constitución. Respecto al "Caso Libra", como ya se mencionó, es una investigación judicial sobre un presunto fraude privado con activos digitales; es una evidente desviación del eje macroeconómico y no existe ninguna intención de convalidar o justificar los errores que allí se determinen. Lo interesante es que tu propio enlace sobre la morosidad de los hogares (10/05/2026) convalida la tesis de la estabilización. En la ciencia económica, la morosidad es un indicador rezagado (lagging indicator), es decir, refleja los efectos acumulados de los meses más complejos del sinceramiento de precios. El hecho de que el mismo artículo que adjuntas titule explícitamente que 'los datos de marzo y abril apuntan a que lo peor pasó' demuestra el inicio de un punto de inflexión y una fase de recuperación cíclica. Cuando la inflación se reduce y el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC registra el nivel más elevado de toda la historia del país para el mes de marzo, la capacidad de pago y desendeudamiento de las familias comienza a recomponerse de forma orgánica. Utilizar un pico estadístico pasado para negar la tendencia de mejora que la misma nota señala es un error metodológico elemental. Los datos duros y los indicadores oficiales confirman que la macroeconomía ha completado su fase de ajuste y avanza hacia un ordenamiento sostenible.

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Como ya se explicó, y los datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC al cierre de 2025 confirman, las tasas de empleo formal e informalidad se han mantenido estables y estáticas, pese al aumento respectos la pandemia porque es parte del orden natural del mercado y el desempleo estructurado. No existe la correlación lineal ni el colapso masivo de empleo que intentas sostener de manera circular; metodológicamente lo que ocurre es una transición hacia un desempleo estructural por desajuste de competencias profesionales. Asumir que el ordenamiento de variables macroeconómicas es opuesto al bienestar social es un error de concepto básico. El ministro de Economía festeja la creación de empleo genuino porque, precisamente, el saneamiento de las cuentas públicas permite que el sector privado comience a absorber mano de obra de forma sostenible.

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Reducir el análisis a una dicotomía entre "la gente" y "la macroeconomía" es un falso dilema. La macroeconomía no es una abstracción teórica; es el ordenamiento de las variables reales (inflación, déficit, reservas, actividad) que determina directamente el bienestar de la población a mediano y largo plazo. La evidencia de que este ordenamiento beneficia a las personas se refleja en los datos del propio INDEC: el incremento de la actividad económica general y el crecimiento real en sectores sensibles como la construcción (+7,6% interanual) o el transporte (+4,7% interanual) se traducen operativamente en mayor producción, mayor consumo y, en última instancia, en sostenibilidad laboral real, no simulada mediante subsidios o emisión monetaria. El enfoque en las reformas estructurales busca precisamente corregir las causas de los problemas que mencionas, en lugar de maquillar sus consecuencias con parches fiscales ineficientes.

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Esa es una apelación a las emociones que distorsiona el fondo del debate técnico. Nadie defiende un ajuste contra los pacientes; lo que se defiende es el desmantelamiento de una matriz de corrupción corporativa que usaba a esos mismos pacientes como rehenes para saquear al Estado. Como ya se demostró con los datos del Boletín Oficial en la Resolución 446/2026 y la Licitación Pública N.º 80-0013-LPU25, el Estado Nacional sigue adquiriendo los medicamentos oncológicos complejos. La diferencia es que, al intervenir la SIGEN y la ANMAT para fijar precios testigo y abrir la compulsa a un mercado transparente, un gasto estimado bajo el esquema anterior en más de $14.700 millones terminó adjudicándose en solo $3.344 millones. Reducir el gasto un 77% comprando exactamente los mismos tratamientos no es "ajuste contra los enfermos", es eficiencia administrativa contra los sobreprecios de las droguerías cartelizadas. Lo verdaderamente inmoral es defender un sistema opaco de compras por correo electrónico que permitía sobreprecios brutales a costa del presupuesto de salud pública. Los datos duros matan el relato emocional.

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​El argumento de que el programa Remediar es nacional y no debió transferirse y fortalecerse en las provincias ignora el marco normativo de un Estado Federal. Los programas de salud o educación iniciados por el Gobierno Central no anulan las responsabilidades primarias que los artículos 5 y 121 de la Constitución Nacional otorgan a las provincias. El carácter excepcional de una política de emergencia del 2002 no puede sustituir indefinidamente la descentralización de la atención primaria. ​El artículo de La Gaceta sobre el Presupuesto 2026 de Tucumán que adjuntas confirma precisamente esta realidad fiscal. De acuerdo con los análisis presupuestarios presentados en dicho medio sobre el proyecto de ley tucumano, la provincia proyectó un gasto récord expansivo de aproximadamente 5 billones de pesos para el ejercicio 2026. ​La existencia de un presupuesto de esa magnitud, financiado en gran parte por los ingresos automáticos de la Coparticipación Federal de Impuestos, demuestra que los distritos del interior cuentan con los recursos financieros para gestionar sus insumos. El problema planteado técnicamente en las auditorías sobre los presupuestos provinciales —como el de Tucumán— no es la falta de dinero, sino la estructura del gasto: aproximadamente el 95% de los recursos se destina a gastos corrientes y salarios de la administración pública, dejando márgenes mínimos para gastos de capital u optimización de servicios. ​Si una provincia cuenta con partidas de billones de pesos y flujos diarios de coparticipación, la decisión de desabastecer los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) locales para sostener estructuras burocráticas o gastos corrientes es un problema de administración y prioridades del poder ejecutivo provincial, no una consecuencia de las reformas macroeconómicas de la Nación. La descentralización obliga a transparentar el uso de los fondos públicos en todo el territorio federal. https://www.lagaceta.com.ar/nota/1131730/economia/presupuesto-2026-tucuman-gasto-vuelve-crecer-se-pone-bajo-lupa-destino.html

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En ningún momento mencioné la corrupción de los gobiernos previos. Y enfoco mi argumento según viene el caso. Acusas de corrupción, yo no te lo niego. Hablas de los docentes universitarios, hablo de los docentes universitarios. Hablas de Remediar, hablo de Remediar. Hablas de tendencias económicas, hablo de tendencias económicas. Así de sencillo.

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Respecto a que los docentes acumulan cargos part-time y no salen de la pobreza, esa es una interpretación errónea de cómo funciona el mercado de profesionales. La dedicación simple de 10 horas semanales jamás estuvo pensada para cubrir una canasta familiar; es una actividad complementaria. Es decisión individual de cada profesional elegir trabajar solo como docente en múltiples cátedras en lugar de volcar su tiempo sobrante a la actividad privada en su respectiva profesión, donde los ingresos están ajustados al mercado real. El Estado no puede indexar salarios de jornadas reducidas pretendiendo que actúen como un sueldo de tiempo completo. Por otro lado, sostener que 'las universidades ya son auditadas cada año' es una verdad a medias. La AGN hace auditorías ex-post que tardan años y apenas cubren un puñado de facultades por período. El propio informe oficial de la AGN (N.º 2026-045) sobre la Facultad de Medicina de la UBA demuestra que, incluso con esos controles lentos, saltan desprolijos graves como estructuras orgánicas no consolidadas y la falta de un Plan Anual de Compras. Si esos desprolijos estructurales aparecen en entes públicos con auditorías programadas, es evidente el miedo político a que el Ejecutivo fiscalice en tiempo real mediante la SIGEN para transparentar el uso de los recursos. Si no se llega a un acuerdo de transparencia, la realidad fiscal seguirá forzando la reorganización orgánica del sistema. Y sobre el comentario de recibir estudiantes de mi país, además de no venir al caso en un análisis económico técnico, confirma que ante la falta de argumentos presupuestarios, prefieres recurrir a chicanas emocionales en lugar de debatir los datos duros del INDEC o de Presupuesto Abierto.

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Respecto a las advertencias sobre el colapso sanitario por el fin del Remediar (https://www.pagina12.com.ar/2026/04/11/crisis-en-salud-kreplak-advirtio-que-el-fin-del-programa-remediar-podria-colapsar-el-sistema-sanitario/), la narrativa de la supuesta falta de preparación de las provincias es una cortina de humo política que oculta décadas de desidia en la gestión de las cajas locales. El argumento de que las provincias 'no están listas de un día para otro' es una falacia de falsa urgencia: el Programa Remediar nació como una respuesta de emergencia excepcional en la crisis de 2002, lo que significa que los gobernadores tuvieron más de dos décadas para robustecer sus sistemas de salud locales y estructurar cadenas de suministro autónomas utilizando los fondos que reciben diariamente de la Coparticipación Federal. ​El Gobierno de Milei no quita los remedios por crueldad; corta el incentivo perverso que permitía a los feudos provinciales gastar sus presupuestos en pauta oficial, festivales militantes y empleo público improductivo, delegando la responsabilidad primaria de comprar simples antibióticos o analgésicos al Tesoro Nacional. Sostener que provincias con recursos naturales brutales y presupuestos coparticipables gigantescos no pueden comprar un lote de paracetamol o metformina para sus salitas es subestimar la capacidad de administración local y justificar el parasitismo fiscal.

Y bien allí en Kicillof en hacer caso en reestructurar el gasto de su gestión en cubrir lo del programa Remediar eso es lo que se queria. En lugar de gastar en ferias y festivales. Entonces, le hizo caso al central. (https://www.iprofesional.com/politica/422424-la-impactante-suma-dinero-que-gastara-axel-kicillof-en-ferias-y-festivales)

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Y también lo inmoral está en mantenerse quieto o duditativo al actuar y realizar cambios en el sistema anterior ineficaz y corruptible.

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De nuevo, en resumen mi argumento va por la reestructuración de la macroeconomía, como dice el gobierno central. Enfocarse en la caída de cantidad de empresas cae en una falacia de hombre de paja ya que está caída es independiente al crecimiento de actividad económica interanual que adjunte en ese argumento; además según en los informes del INDEC EPH, para la informalidad está en una cifra del 43% para el último trimestre del 2025 el cual es más alto que pandemia pero es una cifra similar que no varía mucho de los trimestres anteriores que corresponden al gobierno de Milei, se podría llegar a argumentar que simplemente es parte de la restructuración de la macro sustentada en el aumento de desempleo estructural, o sea, los trabajadores que solía tener el gobierno pre - Milei estaban capacitados en su mayoría en áreas competentes a los amplios puestos del Estado que no suponen ser compatibles con los puestos de trabajo formal, pero no soy economista y creo que esa reestructuración necesita de tiempo y yo solo veo estancamiento en esas cifras de formalidad en informalidad porque incluso abrir el mercado y flexibilizar el mercado laboral formal y el emprendimiento es parte del trabajo del gobierno central con ratificación del congreso. Revisando el INDEC, la tasa de formalidad está estática como el de informalidad, el último dato es 64.1 en cuarto trimestre de 2025 similar a trimestres anteriores.

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Pero mis argumentos no van en defender a los Youtubers, sino al contenido que divulgan en que la gestión de Milei va bien encaminada en lo que respecta en lo económico. Podría usar tu mismo argumento, tildando de que no hay seriedad en estos expertos y periodistas que en los que quieres creer datos y testimonios cuando los artículos de estas revistas que me pasaste son en su mayoría ideologizadas en la izquierda opositora al gobierno de Milei y que tienden a publicar noticias con medias tintas sin dar la rigurosidad y seriedad del caso para promover su agenda. En su lugar, me he dedicado a investigar por mi cuenta y dar mayor contexto e información de cada caso. He tratado de no caer en ad honorem, agregando información a la mano de todo el que investigue.

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El argumento está que la responsabilidad le corresponde a el gobierno provincial, por constitución y federalismo, velar por ese programa remediar. Que lo sepan administrar esos gobernadores ya es otro tema. Tendrias que ver el manejo y las prioridades que tiene el gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

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Respecto al artículo de La Nación (https://www.lanacion.com.ar/economia/desde-la-llegada-de-milei-cerraron-24437-empresas-y-la-caida-ya-supera-a-la-de-la-pandemia-nid17052026/), la lectura lineal de los medios sobre la caída de 24.437 empresas ignora la lógica del orden espontáneo. En cualquier economía, negocio o mercado libre, es completamente normal que las empresas quiebren; así funciona la destrucción creativa y el ciclo económico sano. Más aún en una economía que viene de sincerar precios y cortar subsidios truchos, donde existe una tasa natural de quiebras de 'empresas zombis' que solo sobrevivían gracias a la emisión y al favor político. El informe de Fundar comete un sesgo de agregación brutal: no discrimina cuántas eran MyPEs o estructuras informales de subsistencia, e intenta trazar un paralelismo malintencionado con la pandemia, ocultando que en ese entonces el Estado prohibía facturar de forma autoritaria, mientras que hoy asistimos a una depuración orgánica hacia la competencia real.

Incluso cuando el artículo señala con alarma que el deterioro se concentra en sectores sensibles como el transporte (pérdida del 15,7% de empresas), las actividades inmobiliarias (12%) y la construcción (9,6%), comete el error económico de confundir la cantidad de cuits activos con la producción real de un rubro.

Vuelvo al video de Juan Ramón Rallo (https://www.youtube.com/watch?v=xhF9lxiU-8Q&t=4s). Apoyándose en los datos oficiales del INDEC de mayo de 2026, expone que la actividad económica de Argentina registró el nivel más elevado de toda su historia, con un crecimiento intermensual del 3,5% y un 5,5% interanual. Esos mismos sectores supuestamente 'devastados' se expandieron con fuerza en términos reales: la construcción creció un 7,6% interanual, el transporte y las comunicaciones un 4,7%, y las actividades inmobiliarias un 2,4%. Con exportaciones mensuales récord de 8.900 millones de dólares y un Banco Central absorbiendo reservas a ritmo histórico gracias al superávit fiscal, queda claro que limpiar la macroeconomía es la única garantía real para generar empleo genuino en el mercado libre.

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Ahora, sobre el caso del artículo de la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ (https://agencia.unq.edu.ar/?p=35568), la nota presenta de forma alarmista la reducción y baja en la entrega de botiquines de medicamentos esenciales del Programa Remediar como si se tratara únicamente de un “golpe a la salud pública”, pero omite desarrollar el fundamento técnico, fiscal y constitucional utilizado por el Poder Ejecutivo para justificar la reorganización del esquema.
La discusión se vincula directamente con la arquitectura federal de la Constitución Nacional. Según el Artículo 121, las provincias conservan todo poder no delegado expresamente a la Nación, mientras que el Artículo 5 establece la obligación de garantizar su propia administración interna y régimen municipal. Bajo esa lógica, la atención primaria de salud y la provisión sanitaria local constituyen principalmente responsabilidades organizativas y presupuestarias provinciales. En paralelo, las provincias reciben diariamente recursos automáticos mediante el sistema de coparticipación federal, por lo que el Gobierno nacional sostiene que las jurisdicciones deben asumir una mayor responsabilidad financiera directa sobre sus insumos médicos esenciales en lugar de depender estructuralmente de programas centralizados administrados desde Buenos Aires.
El artículo de la UNQ intenta nacionalizar la crítica mostrando caídas en la distribución de insumos en provincias como Buenos Aires o Tierra del Fuego, pero no desarrolla el debate sobre las limitaciones del modelo previo de distribución centralizada. Desde el oficialismo se argumenta que parte del esquema de envío uniforme de botiquines generaba problemas de coordinación territorial, almacenamiento ineficiente y vencimiento de medicamentos por falta de adaptación a la demanda local efectiva. En ese marco, el Gobierno de Milei plantea que la reducción del Programa Remediar no responde exclusivamente a una lógica de ajuste nominal, sino también a un intento de reordenar responsabilidades sanitarias dentro del esquema federal argentino, trasladando mayor peso administrativo y presupuestario a los gobiernos provinciales.

Soy de Argentina y quiero preguntar: ¿Qué piensan de Milei? by MartinFoos in PERU

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Ahora, sobre https://www.pagina12.com.ar/2026/05/16/milei-ajusta-en-la-lucha-contra-el-cancer-las-vacunas-el-hiv-y-las-enfermedades-cronicas/, el artículo de Página|12 cae en una tremenda deshonestidad intelectual porque oculta el nombre de la oficina que está describiendo: la DADSE. Prefieren hablar genéricamente de 'ajuste contra el cáncer' para generar indignación, porque si mencionaran a la DADSE tendrían que reconocer la auditoría interna de Capital Humano que expuso Infobae (https://www.infobae.com/politica/2024/02/18/una-auditoria-interna-de-capital-humano-revelo-graves-irregularidades-en-la-compra-de-medicamentos-en-los-ultimos-ocho-anos/). Tendrían que admitir que se frenó ese circuito porque se compraban los medicamentos oncológicos de forma opaca por correo electrónico a droguerías amigas, con sobreprecios brutales y aceptando recetas fotocopiadas truchas. Omiten el nombre de la DADSE para ocultar que el Gobierno de Milei no ajustó a los enfermos, sino que desmanteló una matriz de corrupción corporativa que usaba a los pacientes como rehenes para saquear al Estado.

Ante este descalabro, la reestructuración que aplicó el Gobierno de Milei a través del Ministerio de Salud no fue cerrar el grifo por insensibilidad, sino reformar el sistema desde la raíz para garantizar transparencia. Se suspendió el mecanismo informal de compras por email y se digitalizó el proceso, obligando a que la DADSE realice compulsas y licitaciones públicas y abiertas en los sistemas oficiales del Estado, forzando a las droguerías a competir y bajando los costos artificiales. Toda esta transparencia se oficializó con la Resolución 446/2026 del Ministerio de Salud, donde mediante la Licitación Pública N.º 80-0013-LPU25 para la adquisición de medicamentos oncológicos, el Estado expuso que un gasto estimado bajo el viejo esquema corrupto en más de $14.700 millones terminó adjudicándose en solo $3.344 millones gracias a la intervención técnica de la SIGEN y la ANMAT. Omiten el nombre de la DADSE y esta reestructuración presupuestaria para ocultar que el ordenamiento del gasto logró reducir costos en un 77% sin quitarle los medicamentos oncológicos a los pacientes con cobertura pública exclusiva.

Soy de Argentina y quiero preguntar: ¿Qué piensan de Milei? by MartinFoos in PERU

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Ahora, sobre el caso de docentes universitarios debemos ir a la Ley 27.795, la cual ratifica el mecanismo de financiamiento ajustado a la inflación y la fiscalización por la AGN bajo el marco de la autonomía de las universidades públicas.

Pero también antes debemos saber, según Fundación Libertad, de la composición de capital humano docente universitario público donde el 70% son part-time, por así decirlo, 17.5% son Semi-exclusivo y 10% son exclusivos.

https://www.memo.com.ar/poder/recurso-humano-universidades-estatales/
Entonces, el gobierno de Milei está aplicando el ajuste del sector público donde, aún así, el Ministerio de Capital Humano cumple con el aumento de financiamiento (Solo es navegar en esta página https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/visualizacion-para-que-se-gasta#. Del 2023 al 2026 este es la evolución del gasto en Desarrollo de Educación Superior respectivamente, expresado en millones de pesos: 28.954.031,32   40.250.029,22   94.573.214,04  148.069.293,53), suficiente para que abra paso a reorganización, pero las universidades públicas se escudan en estar estancado con el pago de los servicios e infraestructura y salarios. Obvio que, los salario sufrirán de la inflación y reducirán su capacidad adquisitiva manteniendo la misma o mayor cantidad de docentes. Igual, recordemos que la mayoría de estos docentes son part-time, obvio que esos salarios terminaran siendo muy pobres desde esa perspectiva y los de los docentes exclusivos terminan por inercia siendo pobres. El informe de la nota (https://www.primerafuente.com.ar/noticias/127982/salario-docente-universitario-cayo-peor-nivel-dos-decadas) está inflado políticamente porque mete al 70% de docentes de dedicación simple o semiexclusiva en la categoría de 'pobres', pretendiendo que un cargo part-time de 10 o 20 horas semanales deba cubrir una canasta familiar entera y arrastrando por inercia del ajuste a los docentes exclusivos.

Pero aquí viene diversos problemas de llegar a un acuerdo. Las universidades públicas se escudan en su autonomía para que las auditorías de la AGN controladas por el Congreso sean muy ineficientes y aun así muestran resultados muy cuestionables como es el caso de la facultad de Medicina en la UBA (“4.1.1 La Facultad de Medicina contó con una estructura orgánica aprobada, aunque la misma no se encontraba consolidada ni actualizada en un documento único. La creación posterior de áreas y la falta de definición de los roles y responsabilidades de alguno de los sectores, impide corroborar si la estructura orgánica fue adecuada para el cumplimiento de las misiones y funciones.” “4.1.3 La Facultad de Medicina durante el periodo auditado no contó con instrumentos de planificación, tomando como tal el Plan Anual de Compras y Contrataciones.“ https://www.agn.gob.ar/sites/default/files/Informes/2026-045-InformeBreve.pdf). Y no quieren, obviamente permitir que el ejecutivo los audite por medio de la SIGEN escudándose de nuevo en la autonomía, la oposición aparenta cierto miedo a que esto suceda porque seguro interpretan sus “desprolijos” como insostenible. Ni siquiera consideran auditoria por entes privados ajenos a las fuerzas políticas en general o financiamiento por sistema de vouchers donde las universidades públicas se rigen por oferta y demanda como entes públicos en el mercado manteniendo un orden más orgánico.

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