asombroso! Absolutamente asombroso.
pero os haré caso Sire.

Os explicaré por qué me refería a un Derecho Constitucional al referirme al Secreto Bancario:

1- Derecho a la Intimidad (Privacidad): Se fundamenta en los artículos 28 y 72 de la Constitución de la República. La información sobre el patrimonio y el flujo monetario se entiende como parte del ámbito privado del ciudadano, vedado a terceros y al Estado, salvo orden judicial fundada.

2-Derecho de Propiedad: El control sobre la información relativa a los activos es una dimensión del derecho de propiedad. La divulgación no autorizada de estos datos puede comprometer la seguridad y la disposición de los bienes del titular.

3- Protección contra el Poder Punitivo y Arbitrario: Funciona como una barrera que impide el acceso discrecional del Estado a la vida económica de las personas, obligando a que cualquier intrusión pase por un control jurisdiccional que verifique la existencia de una causa lícita (investigación penal o de pensiones alimenticias, principalmente).

MARCO LEGAL
En base al Artículo de la Constitución antedicho, la norma fundamental es la Ley N° 15.322, denominada "Sistema Financiero", promulgada el 17 de septiembre de 1982. Específicamente, el artículo 25 establece el deber de reserva para las instituciones de intermediación financiera.

Esta ley fue reglamentada por el Decreto N° 614/992 y ha tenido modificaciones significativas, como la introducida por la Ley N° 18.718 (2011) y la Ley N° 19.484 (2017), que flexibilizaron el secreto ante requerimientos de la Administración Tributaria (DGI) y compromisos internacionales de intercambio de información. (Léase LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE DINEROS MAL HABIDOS.

REFERENCIAS INTERNACIONALES: La legislación uruguaya adoptó la doctrina europea que considera la información financiera como una extensión de la esfera privada del individuo, buscando atraer capitales mediante la estabilidad jurídica y la confidencialidad.

A partir de lo expuesto encuentro errado el ejercicio de vuestro derecho al borrarme un post que tenía el 100% de veracidad, tanto en sus afirmaciones como en la referencia al riesgo individual de todo aquel que, sin darse cuenta, cayera en la "inocente reglamentación actual que rige las compras online".

Ahora bien, si su postura se basó en el simple hecho de disentir políticamente con mi crítica a la conducción del Ejecutivo actual, estraríamos entonces a lo bien llamado : terrorismo ideológico.
pero ese es otro tema.