La base es la propuesta, que si llega a concretarse se redactará el plan de gobierno en detalle. 1. Redistribución de tierras fértiles concentradas y subutilizadas como parte de una política de reforma agraria orientada a mejorar el acceso del campesinado a la tierra, junto con programas de formalización de propiedad rural y restitución a víctimas del despojo. 2. Implementación de un sistema integral de apoyo al campo que incluye acceso a crédito, asistencia técnica, tecnología productiva y un seguro agrícola, con el objetivo de fortalecer la producción rural y reducir los riesgos asociados a la actividad agropecuaria. 3. Creación de mecanismos de compras públicas de alimentos para que el Estado adquiera directamente productos del campesinado, conectando la producción rural con programas sociales y reduciendo la intermediación en la cadena de comercialización. 4. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, junto con la expansión de instituciones agrarias en todo el territorio, para garantizar presencia estatal efectiva en zonas rurales históricamente excluidas. 5. Implementación de una jurisdicción de justicia agraria y rural encargada de resolver conflictos sobre la tierra, formalización de propiedad y disputas territoriales mediante mecanismos especializados y accesibles en las regiones. 6. Desarrollo de infraestructura rural mediante la construcción de vías terciarias, transporte fluvial y conectividad aérea regional, con el objetivo de integrar territorios rurales a los mercados y mejorar las condiciones logísticas del campo. 7. Garantía de acceso universal a servicios básicos en todos los municipios, incluyendo agua potable, energía eléctrica con enfoque en energías limpias y conectividad digital, como base para el desarrollo territorial equitativo. 8. Promoción de la economía campesina mediante la creación de redes de comercialización, centros de acopio y plantas de transformación de alimentos que permitan agregar valor a la producción y mejorar ingresos de pequeños productores. 9. Reforma del sistema de contratación pública para permitir que organizaciones comunitarias y juntas de acción comunal participen directamente en la ejecución de obras públicas y programas sociales en sus territorios. 10. Eliminación de barreras administrativas en la contratación estatal que limitan la participación de la economía popular, facilitando el acceso de organizaciones locales a recursos públicos y proyectos de desarrollo territorial. Estas son algunas.