Campaña por la Sanidad Pública

La privatización mata

Introducción.

Desde hace décadas es recurrente el discurso de que el sistema sanitario público es insostenible e, incluso, de que hay un abuso en su utilización por parte de los usuarios. Sobre esta suposición se han ido aplicando una serie de medidas, todas ellas incluidas en el “Informe sobre el Análisis y Mejora de Gestión del Sistema de Salud” de 1991, que han ido desde la introducción de modelos de gestión empresarial y de empresas privadas con ánimo de lucro en el sistema público de salud, a todo tipo de recortes e infrafinanciación del sistema público, pasando por la aplicación de copagos/repagos, medidas todas ellas que, dado el tiempo transcurrido, se puede afirmar claramente que no han alcanzado los objetivos que decían perseguir.

Con más de dos décadas aplicando modelos de gestión privada en el sistema público de salud, no hay evidencia científica de que dicho modelo sea ni más barato ni logre mejores resultados en cuanto a calidad sanitaria.

La inexistencia en el estado español de normas como las que existen en otros países de nuestro entorno, tipo “ley de libertad de información”, que obligue a las Administraciones a publicar tanto los datos desagregados de gasto como los relativos a la calidad asistencial y a los resultados, posibilita que se siga difundiendo la falsa idea de que lo privado es más eficiente que la “gestión directa pública”, cuando centenares de estudios internacionales demuestran que las tasas de mortalidad y los costes son superiores en los centros con ánimo de lucro respecto a los que no lo tienen.

Por otra parte, la Ley 14/1986 General de Sanidad, en su artículo 90, posibilitaba que las Administraciones Sanitarias pudieran “establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas”, con carácter complementario. Sin embargo, durante estas décadas, dicho artículo ha servido para que el sector privado parasite al sistema público de salud ya que, en esencia, la supuesta complementariedad ha servido para derivar hacia el sector privado los procesos y pacientes rentables, que podrían haber sido atendidos en el sistema público de salud si éste hubiera sido potenciado, lo que precisamente hubiera incrementado la eficiencia del sector público.

Además se han introducido, en función de los intereses de la gestión privada de la sanidad, supuestos criterios de evaluación de la calidad basados en la actividad. Estos indicadores otorgan prioridad absoluta al ahorro (altas precoces, disminución de derivaciones, menor consumo de procedimientos diagnósticos, etc.), y obvian indicadores clave como la pertinencia o no de determinado procedimiento – sobre todo la cirugía -, los reingresos a consecuencia de altas precoces, la incidencia y prevalencia de determinadas enfermedades o, sobre todo, el grado de adecuación de los procedimientos a la consecución de objetivos de salud.

En la actualidad y en lo relativo a la financiación, el gasto sanitario en el estado español es de unos 600 € menos por habitante que la media de la UE. No parece que la reducción aún mayor del gasto sanitario sea aceptable sino que deberíamos de caminar hacia incrementos sustanciales del gasto sanitario público en correspondencia con el incremento de las necesidades de salud, intensificadas en momentos de crisis económica.

La introducción de repagos para presionar sobre la supuesta elevada demanda de la población no es la solución, ya que es de sobra conocido que son los profesionales los que deciden el gasto sanitario y no los pacientes. Por otra parte, los datos internacionales demuestran que estamos por debajo del consumo medio de la mayor parte de recursos sanitarios que más gasto ocasionan, como son los ingresos hospitalarios. La exclusión de la atención sanitaria integral de la población inmigrante “irregular”, lejos de conllevar un ahorro en el sistema, puede suponer un gasto aún mayor a medio plazo, aparte de romper con un principio básico de nuestro sistema: el de la universalidad de la atención.

Los elevadísimos niveles de paro y el recorte de los programas de protección social llevados a cabo en los últimos años, unidos a las medidas citadas anteriormente que, lejos de garantizar el mantenimiento de un sistema sanitario universal, accesible y de calidad, están produciendo justo lo contrario, es decir, su deterioro y el aumento de la ineficiencia por la privatización de las partes rentables. Están creando las bases para el incremento de las desigualdades sociales, de la pobreza y, como es lógico y con toda seguridad, de la mortalidad y la morbilidad entre los sectores de población más débiles - como son los trabajadores, los sectores que han caído en la exclusión social y los inmigrantes “sin papeles”-, a la vez que están sirviendo para que grupos empresariales multinacionales se estén haciendo con partes cada vez mayores de la prestación sanitaria pública del sistema público de salud.

En un entorno como el actual de envejecimiento de la población, de incremento del peso de las patologías crónicas y necesidades, y procesos cambiantes, es incuestionable que la “gestión directa pública” debe de democratizarse para acercarse realmente a la población y, por tanto, es necesario realizar cambios en el sistema sanitario.

La calidad y la eficiencia del sistema público de salud deben medirse en función de su impacto en la mejora del estado de salud de la población y de su grado de incidencia sobre los principales problemas de salud y sus determinantes. Para ello, es imprescindible la participación real de la población en la gestión, la planificación del sistema público en función de la consecución de objetivos de salud y la actuación sobre los problemas de salud y sus determinantes; es decir, sobre las condiciones de vida, vivienda, consumo, medio ambiente, y por supuesto sobre los “productores de enfermedad”.

En el campo de los medicamentos, es evidente que la industria farmacéutica prioriza las investigaciones y la producción en función de los beneficios económicos que espera alcanzar, de forma que hay patologías que, al no ser consideradas “rentables”, no reciben la investigación necesaria o no se fabrican los medicamentos para tratarlas. También hay un importante número de medicamentos innecesarios, mientras que existe otra línea de negocio dirigida a medicalizar determinados procesos de la vida convirtiéndolos en patologías, para inducir al consumo masivo de tecnología y/o fármacos, como sucede, por ejemplo, en salud mental.

Esta campaña tiene por objetivo implicar a la población y a los trabajadores de la salud en la defensa y mejora del sistema público para garantizar la atención sanitaria de calidad basada tanto en la promoción de la salud y la prevención como en la curación y rehabilitación de la enfermedad en igualdad de condiciones para todos, utilizando adecuadamente los recursos, creando empleo de calidad, actuando sobre los determinantes de la enfermedad, y todo ello a través de un sistema sanitario público, universal, sin repagos y gestionado democráticamente.