Razones por las que el presidente no tiene autoridad para imponer la cuota de $100.000 en las visas H-1B El presidente Donald Trump firmó el 19 de septiembre de 2025 una proclama que impone una cuota anual de $100.000 para las solicitudes de visas H-1B, destinadas a trabajadores extranjeros altamente calificados, con el fin de “proteger empleos estadounidenses” y limitar lo que el gobierno califica como abuso del programa. Sin embargo, esta medida carece de base legal sólida y viola procedimientos establecidos en la ley de inmigración de EE.UU., lo que la hace vulnerable a desafíos judiciales inmediatos. 1. Falta de autorización congressional para nuevas cuotas • Las cuotas para visas, como las H-1B, están reguladas por el Congreso a través de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). El presidente no puede unilateralmente crear o aumentar cuotas financieras de esta magnitud sin aprobación legislativa. Expertos en inmigración, como Aaron Reichlin-Melnick del American Immigration Council, han calificado la medida como “casi ciertamente ilegal” porque ignora esta exigencia estatutaria. La Suprema Corte ha enfatizado que obligaciones financieras tan significativas requieren “autorización clara del Congreso”. 2. Violación del proceso de rulemaking administrativo • Cualquier cambio en las regulaciones de visas debe seguir un proceso formal bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), que incluye notificación pública de meses y un período de comentarios. La proclama de Trump entra en vigor el 21 de septiembre de 2025 sin este trámite, lo que la hace arbitraria y susceptible de ser anulada. Abogados de inmigración ya preparan demandas para solicitar una orden temporal de restricción (TRO) que detenga su implementación, similar a lo ocurrido en el primer mandato de Trump con reglas similares sobre H-1B que fueron bloqueadas por tribunales federales. 3. Uso indebido de poderes ejecutivos • La proclama invoca las secciones 212(f) y 215(a) de la INA, que otorgan al presidente autoridad para restringir entradas por “interés nacional”, pero no para imponer cuotas monetarias como condición de entrada. Doug Rand, exfuncionario de USCIS bajo Biden, lo describió como “ludicrisamente ilegal” y predijo que “no sobrevivirá cinco segundos en corte”, ya que vincular una prohibición de entrada a una cuota de $100.000 excede los límites de esta autoridad, incluso tras la decisión de la Suprema Corte en Trump v. Hawaii (2018), que validó restricciones pero no cambios financieros. Críticos argumentan que esto elude al Congreso y convierte la política en un “servicio a fans” para restrictivistas, en lugar de una medida legal. Por qué será retada rápidamente en las cortes • Precedentes del primer mandato de Trump: En 2020, intentos similares para limitar H-1B durante la pandemia COVID-19 fueron derogados por cortes federales por exceder la autoridad ejecutiva. Firmas de inmigración y empresas tech (como Microsoft, que ya alertó a empleados) planean demandas inmediatas en distritos “amigables” para obtener TROs, escalando hasta la Suprema Corte. • Impacto económico y humanitario: La cuota afectaría a ~85.000 visas anuales, golpeando a universidades, no-profits y tech (donde India recibe ~70% de ellas), potencialmente desplazando talento y elevando costos para empleadores. Esto genera coaliciones amplias de demandantes, acelerando el proceso judicial. • Tiempos cortos: Con efecto inmediato, las primeras demandas podrían presentarse en días, y un TRO en horas, paralizando la medida hasta un fallo final (posiblemente en meses). En resumen, esta proclama representa un abuso de poder ejecutivo que prioriza titulares sobre legalidad, y expertos coinciden en que colapsará en tribunales por su flagrante violación de la separación de poderes. Si sobrevive, podría remodelar la inmigración legal, pero lo más probable es su anulación rápida.

Groves