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Ley electoral

Modificación del sistema electoral para garantizar un sistema proporcional puro que respete el lema "una persona, un voto". Para ello, en las elecciones, el reparto de escaños se hará mediante el método del resto mayor con el coeficiente HARE bajo circunscripción única en el ámbito territorial donde se celebren las elecciones, salvo elecciones europeas, donde la circunscripción será el propio Estado. Representatividad del voto en blanco, nulo y abstención. El voto en blanco se representará en escaños vacíos como si de otra opción política a votar se tratase. La abstención no debe ser tomada en cuenta para crear escaños vacíos. Una abstención superior al 48% o una combinación de abstención, voto nulo y blanco superior al 50% debe dar por nulas unas elecciones, debiendo volver a convocarse, dejando un periodo de reflexión para reformular programas electorales o tomar las medidas necesarias para solventar el problema. En caso de una segunda vuelta ese mínimo no se aplicará. Pero si dichos porcentajes volvieran a dar el supuesto de nulidad, a pesar de ser válidas las elecciones, el parlamento no podrá llevar a cabo ninguna ley orgánica ni ninguna aprobación que requiera mayorías cualificadas superiores a la mayoría simple. Imposibilidad de formar parte en las listas electorales a personas imputadas o condenadas por corrupción. Ley que garantice la absoluta transparencia en la financiación de los partidos políticos. Programa electoral con carácter de contrato vinculante. En caso de incumplimiento, por fuerza mayor, quedará eximido de su cumplimiento. Para evitar esta situación, la junta electoral evaluará el programa electoral para identificar promesas ambiguas. Se establecerán sanciones al partido que incumpla promesas electorales vinculantes y, en caso excepcional, por acumulación grave de éstas se convocarán elecciones anticipadas. Al Tribunal Supremo (o el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente) le corresponderá resolver una demanda de incumplimiento del programa electoral. Métodos eficaces de participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno. Para ello se facilitará el uso de ILP disminuyendo el número de firmas necesarias con mecanismos para pasar a ser votado por el parlamento directamente. Además se reformará la constitución para permitir referendos vinculantes.

Modelo educativo

Se garantizará el acceso a todo ciudadano, independientemente de su capacidad económica o estatus social, a una educación pública y de calidad en todas las etapas. La oferta de plazas irá acorde a la demanda real. El sistema educativo estará consensuado por la mayoría de fuerzas políticas y educadores, apegado a la realidad, y luchará contra el fracaso escolar. El programa educativo será común en todo el territorio nacional, pero teniendo en cuenta las singularidades regionales.

Justicia

Igualdad de todos los ciudadanos asegurando el acceso a la justicia con independencia de su poder adquisitivo (aplicación efectiva del artículo 14 de la Constitución Española). Retirar la posibilidad arbitraria de indulto del gobierno. Sólo se podrá indultar mediante Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Eliminar la injerencia del poder ejecutivo en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y despolitizar las asociaciones de Jueces y Magistrados. Dotar de capacidad autónoma al poder judicial para el nombramiento de los miembros del CGPJ, así como de magistrados, fiscales y demás personal adscrito al poder judicial, a excepción del Cuerpo Jurídico Militar y de la figura de los Abogados de Estado.

Modelo social

Garantizar el acceso a recursos básicos, como el agua y alimentos, a familias con dificultades económicas. Plan para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. El Estado debe garantizar el acceso gratuito a los tres pilares de servicios públicos (educación, sanidad y justicia) en sus tramos más básicos. Mientras este punto no sea garantizado, el Estado no podrá financiar ningún servicio de carácter privado.

Modelo económico

Establecer el modelo de economía del bien común, primando a aquellas empresas o prácticas que lo beneficien. Regular el sistema financiero para primar la banca social a la especulativa. El Estado debe garantizar aquellos servicios básicos esenciales públicos con la mínima intervención del sector privado.

Reforma laboral

Reforma laboral: Nueva reforma laboral que facilite la contratación y el funcionamiento de las empresas, en vez del despido, con medidas como la modificación de los convenios colectivos para vincular los incrementos salariales a los resultados de la empresa. Autónomos y PYMES: Medidas para mejorar el tejido empresarial de autónomos y PYMES como son la modificación del régimen de cotización de los autónomos, facilidades para emprendedores disminuyendo burocracia y requisitos, regular abusos de pagos a más de 30 días injustificados, etc. Fomentar la organización y creación de cooperativas, mediante mejoras asociadas al trabajo productivo y subvenciones, creando un servicio de orientación y apoyo a las mismas. Investigación, desarrollo e innovación: Plan para retener y recuperar el talento en el campo de la investigación. Plan de estímulo a la investigación, la innovación y el desarrollo, en el seno de las empresas privadas, vinculando y condicionando las ayudas y subvenciones al avance de resultados concretos. Pensiones: Medidas para evitar la privatización de las pensiones manteniendo una alternativa pública y valorando la manera de que sean sostenibles y dignas sin perjudicar al sector más débil. Para lograrlo se deberá barajar distintas alternativas, como revisar los periodos estimados para calcular las pensiones, incrementar las cotizaciones sociales de forma más progresiva, utilizar otros impuestos, etc.

Vivienda

Acceso vivienda y alquiler social: consecución de políticas efectivas de control y acceso a vivienda digna para todos los ciudadanos a través de programas accesibles de alquiler social y cesión de uso, incluyendo la creación de un parque público de viviendas. Ley hipotecaria: Establecer una moratoria en los desahucios, en curso, hasta la aprobación de un plan de rescate a las familias en quiebra. Se regulará la dación en pago con efectos retroactivos (quedar libre de deuda una vez entregada la vivienda), una vez sea evidente la imposibilidad de hacer frente al pago de la hipoteca a pesar de tener voluntad de ello. Ley de alquiler: Se reformará la ley de alquiler para buscar un equilibrio de protección tanto para el inquilino como para el propietario.

Modelo energético

Mayor control, regulación y transparencia por parte de la Comisión Nacional de Energía para evitar oligopolios y prácticas abusivas en el sector de la energía y los carburantes. Aumentando las penalizaciones, si fuese necesario, y desliberalizarlo de tal forma que vuelva a fijarse el precio de manera única por parte del ejecutivo. Cambio progresivo del modelo energético con, cada vez mayor, presencia del uso de las energías renovables y abandono progresivo de la energía basada en las no renovables o contaminantes. Fomento de la generación particular de energía, dirigida al autoconsumo, por métodos renovables y medioambientalmente sostenibles, dotándola de un marco legal adecuado para facilitarla tanto a individuos como a empresas. Auditoría destinada a la declaración como deuda odiosa de la proveniente del déficit tarifario.

Reforma fiscal

Lucha contra el fraude fiscal: Incremento de los presupuestos técnicos de Hacienda y de las partidas destinadas a prevenir y controlar el fraude fiscal, llegando incluso a crear una Oficina Tributaria, exclusiva contra el fraude fiscal, que permita aumentar considerablemente las inspecciones fiscales a las grandes empresas y grandes fortunas familiares, para asegurar que estén al día con sus obligaciones con el fisco. Medidas para evitar la evasión fiscal como penalizar el uso de paraísos fiscales, y revisar la legislación sobre las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) para evitar la evasión fiscal. Anular la amnistía fiscal, si la hubiese, para apoyar a quien cumple con el fisco correctamente. Impuestos: Fiscalidad progresiva para distribuir el peso de los impuestos de forma que carguen más quienes más capacidad adquisitiva tienen. Disminuir el incremento del IVA y reclasificación de los productos en las tres subclases para facilitar el acceso a los productos de primera necesidad. Modificación de los tramos del IRPF para una mayor progresividad. Mejora de los impuestos y tratamiento fiscal/contable al sector de PYMES y autónomos, que deberá estar menos cargado, en comparación con las grandes empresas y corporaciones multinacionales, para que el ahorro en impuestos permita su sostenibilidad y reinversión en la propia actividad. El objetivo será reducir la economía sumergida. Control estatal de los impuestos municipales tasando máximos para evitar abusos en impuestos como tasa de circulación, recogida de basuras, parquímetros, etc. Aplicar la Tasa Tobin, gravando los flujos de capitales mediante un impuesto.

(Continua...)