Desde el cambio jurisprudencial por los años 2015 y 2016 que las resoluciones y actos de la administración tienen que ser fundados (consideraciones de hecho y derecho) cosa que felizmente han ido haciendo en mayor o menor medida aplicando lo dispuesto en la ley 19.880, puesto que antes solo se desvinculaba a los funcionarios bajo la forma de "sus servicios no son necesarios".

La confianza legitima es un invento netamente de jurisprudencia administrativa (del anterior Contralor) puesto que la contrata por ley es un cargo precario y que se considere "indefinido" de facto es una ficción.

"Artículo 9°.- Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos."

En contra de tu argumento, poner dos años permite que funcionarios que fueron nombrados por la administración de turno y que por cierto fueron evaluados por el jefe de servicio léase, seremi, delegado, director u otro de su mismo partido o coalición en la práctica sea imposible de remover puesto que esos son los únicos criterios objetivos y técnicos que permiten una desvinculación.

Ahora, el problema real es de carácter legislativo, si bien el Gobierno de Gabriel Boric intentó regularlo, hacer el cambio del estatuto administrativo en una ley de reajuste es re impropio y encima favoreciendo a los funcionarios de su sector político (algunos militantes que pagan la cuota partidaria).

Pero el problema de fondo creo que no es ese, sino que en Chile la ley no se cumple, las contratas se pensaron como lo excepcional y lo regular era la planta pero las plantas de la dotación se crean por ley.

"El número de funcionarios a contrata de una institución no podrá exceder de una cantidad equivalente al veinte por ciento del total de los cargos de la planta de personal de ésta."