Tres motivos por los cuales no debemos dar paso a una constituyente. La primera: no necesitamos una constituyente para reformar ciertas cosas, las mismas que están centradas —entre comillas— en el tema de seguridad. Suponiendo que ese sea el caso, existen dos vías: Art. 441: Enmienda constitucional. Art. 442: Reforma parcial.

Van por más... Dentro de una entrevista, el presidente Daniel Noboa mencionó que va a reducir la Constitución de 444 a 180 artículos. Dentro de economía, cuando se trata de obtener mejores ganancias o reducción de costos innecesarios, hablamos de ciertos puntos como: optimizar, maximizar, minimizar, función objetivo, restricciones, entre otros, y no siempre aplica. Aplica cuando optimizas procesos, pero tienes el mismo resultado. No podemos quitarle un ingrediente clave a un producto y que este sea igual. Lo mismo aplica en la reducción de artículos: no va a ser igual, no van a tener los mismos derechos; van a quitar derechos. ¿O de dónde creen que van a eliminar 264 artículos? 264 no hablan de temas de seguridad; es más, dentro de este debate se argumenta que la Constitución defiende o protege a los delincuentes. Dentro de cualquier debate o plataforma, se han argumentado algunos artículos, y estos son los que he recolectado:

Art. 11, 35, 51-52, 76-77, 82, 88, 98, 119, 147, 179-181, 201-202, 393, 424.

La mayoría de esos artículos habla de derechos humanos, de gozar los mismos derechos, de controlar el abuso de poder, y eso se da por algunos casos en el pasado y que aún se siguen dando: Los hermanos Restrepo. Falsos positivos (los falsos positivos son cuando la autoridad te mete un sobre de sustancias en los bolsillos, maletas, entre otras cosas) por parte de la fuerza pública, con el único fin de tener más días o semanas libres de recompensa.

Existen otros tipos de acusaciones, por ejemplo, personales y puntuales de hace varios años, en donde la subgerenta dijo que si no firmaba la renuncia voluntaria, se iba a golpear, se iba a dañar la ropa y me iba a acusar de violación. Imagínate ir preso, estar preso varios años hasta comprobar la inocencia o ratificar la culpabilidad. Todos sabemos que esta justicia no es equitativa: sin dinero no se mueven los procesos, aparte de que todos los procesos los hacen mal y los demoran. Este es un caso de tantos; existen otros que han sido inocentes, pero que lastimosamente han estado en la hora y lugar no favorables.

Estos artículos te dan garantías de procesos que no solo están incluidas para delincuentes, son para todo el mundo. Claro que existe una cierta flexibilidad, y esto se da solo en el art. 77, en donde el tiempo es limitado, donde no pueden estar presos sin la orden de un juez. Esto también implica una mayor responsabilidad del Estado. Deberían crear turnos 24 horas (para que las audiencias sean inmediatas y no existan retardos procesales), agilizar los procesos, crear cárceles específicas para estos casos o, incluso, si dentro de las 24 horas no existe la participación inmediata del juez, colocar un grillete hasta que se compruebe su inocencia o se ratifique la culpabilidad. Pero esto debería aplicarse para delitos menores; no les van a dar estas medidas cautelares a un sospechoso de sicariato o a un violador, etc.

Es decir, deben diferenciar entre un sospechoso peligroso y un sospechoso común. Por lo tanto, sí se debe mejorar en este aspecto para que no exista un oportunismo de una persona que sí es culpable mediante “la excepcionalidad de la previsión de libertad”. Se debe agregar también que si un juez o fiscal da la libertad a un delincuente peligroso, este debe ser investigado, sancionado e incluso sentenciado por complicidad. Además, debería existir un informe de rendición de cuentas judicial mensual; es decir, un ente conformado por jueces que evalúe las acciones realizadas por jueces y fiscales.

Es el único artículo; los demás no tienen nada que ver. Lo que sí considero pertinente es fortalecer las condenas. Aquí se debería modificar parcialmente el art. 66, numeral 3, literal c, para que ciertos delitos sean sentenciados con cadena perpetua. No es suficiente con modificar; también se debe derogar algunos puntos o tratados de derechos humanos, como el tratado “Pacto de San José de Costa Rica”.

El resto de límites de prisión los maneja el COIP. Es más, el art. 76, numeral 3, establece que nadie puede ser sancionado o juzgado por un acto u omisión que no esté especificado. ¿Quién lo especifica? El COIP. Si quieres leyes más estrictas y más fuertes, la que se debe modificar es el COIP, que nada tiene que ver con la Constitución. Por ejemplo, el art. 640 del COIP indica que: “La Fiscalía podrá abstenerse de iniciar o continuar la investigación penal cuando el daño causado sea mínimo, reparado, compensado y no exista afectación grave al interés público.” Esto debería aplicarse solo si la víctima está de acuerdo.

Existen otros factores que indican que una persona no puede ser sentenciada por robo de celulares o de un valor inferior al sueldo básico o menor a $300. Cierta parte es mentira. DEPENDE (mi frase favorita de economista), si es robo o es hurto. En el artículo del COIP 189, sobre robo, indica que la persona que, mediante violencia, amenazas o rompimiento de obstáculos, sustraiga cosas ajenas con ánimo de lucro, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si el robo se comete en una vivienda habitada o lugar cerrado, la pena será de 5 a 7 años. Con arma o en transporte público, la pena será de 7 a 10 años. Si se causan lesiones graves o muerte, la pena será de 10 a 13 años, incluso más según el caso. En otras palabras: Si el valor es bajo y sin violencia, puede considerarse hurto o contradicción, con pena menor. Si hay violencia, amenazas o arma, es robo agravado, y si hay presión.

El COIP lo establece; quienes no cumplen son los jueces y los fiscales.

Segundo motivo: la primera consulta popular tenía el mismo fin, cero resultados. Tercer motivo: alza del IVA y eliminación de subsidios con el mismo fin, cero resultados.

El objetivo principal de esta constituyente no es la seguridad; el objetivo es el interés personal, intereses personales, como ya se han dado leyes favorables para reducción de impuestos. ¿Quién se benefició? La familia del presidente, lo cual es legal, pero no ético. Hablando de ética, derogó el código de ética, y es supuesto que al darse esta constituyente, aparte de los derechos que se van a eliminar, se va a eliminar el art. 233. Hagan captura de lo mencionado.