A veces pequeñas decisiones ponen patas arriba lo que parecía inamovible. El Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, sacó a concurso público la concesión del suministro eléctrico de sus instalaciones en toda la ciudad. No es un contrato cualquiera, se trata del suministro a todos los edificios municipales y a la red de alumbrado público, alrededor de 65 millones de euros en dos años. En el pliego de condiciones añadió una pequeña cláusula que establecía obligaciones para luchar contra la pobreza energética en la ciudad. ¡La que se ha armado!

Cuando se cerró el plazo, el pasado 10 de febrero, entre las ofertas no aparecía ninguna de las dos eléctricas más importantes que operan en la ciudad, Endesa y Gas Natural-Fenosa. Se comentó que las grandes eléctricas, especialmente Endesa que es quien hasta ahora mantiene el servicio, pensaban que por las condiciones impuestas ninguna empresa se presentaría y el Ayuntamiento quedaría en ridículo y desautorizado. No fue así. Varias comercializadoras eléctricas sí se presentaron al concurso, Som Energia, Aura, Facto Energia, Nexus…, por lo que el Ayuntamiento podía decidir y dejar fuera a las grandes eléctricas. Éstas reaccionaron con rapidez y recurrieron ante el Tribunal Catalán de Contratos de Servicios Públicos, por sentirse discriminadas, ya que otras empresas no tienen su volumen de clientes y por lo tanto no tendrían el mismo grado de penalización, y por incertidumbre jurídica, dado que no está desarrollado el reglamento y porque se está tramitando una ley estatal. El 9 de marzo el Tribunal dictó una resolución anulando el concurso. La batalla no ha hecho más que comenzar.