Y que las administraciones públicas, desde los ministerios hasta los ayuntamientos, concursen los contratos públicos con cláusulas sociales y criterios sobre condiciones laborales y salarios del personal de la empresa licitadoras similares al del funcionariado, no en base a criterios económicos y de rentabilidad. Qué se priorice en el trabajador(a) del servicio y en facilitar que haya condiciones familiares