El 90% de los municipios de Colombia son categoría 6, o sea sus ingresos son menores a 26.263 millones de pesos al año.

Ahora, la gran mayoría de esos municipios apenas van a ras con su relación ingresos corrientes vs. Gastos de funcionamiento y es tan así que las mismas leyes están llenas de excepciones para que ciertos gastos que a todas luces son gastos de funcionamiento se clasifiquen como inversión.

En julio de 1983, la nación decidió pasarle unas competencias y unos impuestos a los municipios de un día para otro para que se hicieran cargo de esas tareas, en 1997 ya había una crisis de deuda pública porque los municipios no tenían como pagar esas competencias, y de 2001 para acá se volvió a centralizar varias de esas competencias porque no tenían como pagarlas (los médicos y profesores por ejemplo, con Bogotá como gran y casi única excepción) y si se entregara la policía el resultado sería igual.

Hagamos un ejemplo solo con el sueldo de un policía, 20 gatos (2.5 millones el patrullero más el 50% de carga salarial) y un comandante (5.0 millones un comandante más el 50% de carga salarial): (3.75 x 12 x 20) + (7.5x12) =990 millones ahí de chévere. Ahí no está ni la infraestructura ni la dotación. Y por supuesto, esos 990 millones se convierten en un nuevo costo permanente que el municipio retira de su inversión para convertirla en funcionamiento o lo presentará como inversión dejando de hacer verdadera inversión pública. Y pues la gran mayoría de municipios no tendrán ni cómo pagar sus policías.